Orlando Vignolo Cueva, socio y encargado del área de Derecho Administrativo, explica en esta entrevista el proceso administrativo y sus implicancias ante la salida del jefe de la ONPE, en TRIVU

Las recientes elecciones generales en el Perú han evidenciado una situación inédita en el sistema electoral, marcada por la falta de apertura de mesas de votación y la consecuente afectación del derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Este escenario no solo plantea un problema operativo, sino también importantes implicancias jurídicas y constitucionales. La uniformidad del proceso electoral, entendida como la secuencia ordenada de etapas desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados, constituye un instrumento clave para garantizar la preclusión; es decir, el cierre progresivo de cada fase. Sin embargo, en estas elecciones, dicha lógica se vio alterada en Lima, debido a que un número significativo de mesas no se instaló oportunamente.

Hace unos días, Orlando Vignolo Cueva, socio encargado del área de Derecho Administrativo, participó en el programa Barco Político, donde comentó sobre la responsabilidad penal y administrativa tras la renuncia del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.